Autor: Mario Huamán
Fuente: Diario UNO
Fecha: 26-06-2015
Los escándalos que envuelven al actual gobierno y las diversas acusaciones de corrupción contra otros expresidentes, además de estar uno preso condenado a 25 años, reflejan el nivel de deterioro de la política en el país. Este factor no es casual, debido a que responde a una estrategia que ha permitido a los grupos de poder económicos incrementar sus ganancias gracias a un sistema sostenido por la impunidad y la corruptela, además de defendido por los regímenes de turno.
Esto ha traído como consecuencia la pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios en el sector formal y el incremento de la precarización en los espacios informales que superan el 70% de la PEA a pesar de la vigencia de diversos regímenes especiales, supuestamente dictados para combatirla. En el fondo sirven para asegurar utilidades a los empresarios, no por la productividad, sino gracias a la imposibilidad legal de los trabajadores y trabajadoras de exigir el respeto a sus derechos laborales.
En otras palabras los regímenes especiales y la alta informalidad le permiten al empresariado un trasvase de altas cantidades de dinero que no obtendrían por la efectividad y eficiencia en la administración de sus negocios.
Los robos efectuados por altos dirigentes y funcionarios de los sindicatos empresariales y grupos económicos al Estado, nos demuestran la incapacidad que tiene gran parte de empresarios de participar en una economía de mercado con reglas claras y respetando a los derechos humanos y laborales de los trabajadores.
Frente a ello, no sirve la pasividad o la indiferencia como lo promueven diversos medios de comunicación a través de programas que buscan distraer a la ciudadanía. Urge la necesidad de expresar nuestra voz de protesta con la finalidad de evitar que estos niveles de degradación sigan creciendo, como sucede con la delincuencia y la inseguridad ciudadana, flagelos que son resultado también de la corrupción e impunidad que genera el actual modelo económico defendido por el gobierno y los grupos de poder económico.
Los conflictos regionales y el incremento incesante del costo de vida es resultado de las decisiones que se toman en las altas esferas del poder para trasladar a las familias, la incapacidad de los inversionistas y empresarios de asumir sus responsabilidades económicas y la excesiva protección que reciben del Estado. No podemos mantenernos en silencio. Los jóvenes demostraron que solo la movilización unitaria puede obtener resultados en beneficio de la sociedad.
Por estas razones, las diversas organizaciones, como la CGTP, han convocado a un Paro Nacional para el 9 de Julio. En dicho día, las diversas organizaciones sociales y políticas, de Lima y a nivel nacional, sumarán fuerzas para responder políticamente al gobierno y a sus aliados económicos y expresarles que no son mayoría en el país, además para impulsar un cambio que esperamos se geste en beneficio de los trabajadores y sus familias.
Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores de CELIMA y los obreros municipales organizados en la FENAOMP, quienes se encuentran luchando por la defensa de sus derechos.
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